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Texto de Julia GAS / Publicado en EnAravaca.es y en EnPozuelo.es

El pasado 21 de octubre, Llorente, la empresa privada que gestiona los autobuses del área de Pozuelo, Las Rozas, Boadilla, Majadahonda y Villaviciosa, dejó de ofrecer la línea que recorría la Avenida Victoria, por orden del Consistorio Regional de Transportes de Madrid.

La indignación de los vecinos y trabajadores de la zona de El Plantío, Madrid, es palpable. Tanto mayores como jóvenes están muy molestos con esta decisión porque, como asegura Icíar, una trabajadora del centro de mayores Casablanca, “los días que hace bueno, muy bien; pero los días que llueve, fatal”, ya que tiene que andar desde la estación Virgen de Icíar unos 20, 25 minutos. “En tiempo, me supone salir de casa media hora antes”. Además insiste en que nadie de la empresa ha comunicado tal decisión a los pasajeros: “Nos lo comentó tres días antes uno de los conductores”. Recuerda, asimismo, que, a principios de año, también modificaron el recorrido del 650, eliminando su paso por la misma avenida y, por tanto, anulando la parada: “Reclamamos pero no lo pusieron de nuevo. Y ahora ocurre lo mismo con el 651 A, que paraba a cada hora”. En cuanto a las protestas de las personas afectadas, dice tajante: “Mandas la reclamación porque no estás de acuerdo con que quiten el servicio, pero nada”, se lamenta esta joven sin demasiada fe en que escuchen sus demandas.

“Esa línea deja de funcionar y no nos da más explicaciones”

Lo mismo opina otra mujer con un negocio en la misma calle: “Tengo dos opciones: o venirme andando veinte minutos o cogerme otro autobús”. Ella hace referencia a las personas mayores del centro anterior pues, “con el autobús 651 A, podían bajar al centro comercial Sexta Avenida”; y también a los chavales que estudian en Pozuelo y alrededores, que les afecta por igual. “Es que el 651 A es el único autobús que pasa por aquí cuando está el bus vao”, resalta. A esta problemática hay que añadirle los dos euros por billete sencillo de los autobuses que tienen que coger si no quieren o no pueden caminar, pues, a pesar de pertenecer a Madrid, está considerada como zona B1 (como si fuera parte de Pozuelo) y, por lo tanto, el coste es mayor que en la zona A. “¡Eso tampoco tiene sentido!”, exclama. Muchas de las personas que suben a trabajar a la zona de El Plantío toman el autobús en el intercambiador de Moncloa. Allí estaba Casilda, trabajadora del hogar y de uno de los centros de mayores de la zona: “A mí me ha afectado muchísimo. El trayecto desde aquí hasta el geriátrico donde trabajo antes me llevaba veinte minutos y, ahora, con la eliminación de la línea, tardo una hora; ya no me da tiempo a regresar a Madrid para seguir trabajando en otras casas”.

Otro testimonio de cómo ha irrumpido este cambio en la vida de los vecinos es el de Miguel, un octogenario; cuenta que el mismo día que dejó de transitar dicho autobús, tenía una revisión importante en el hospital. Sabedor de la hora a la que solía llegar a la parada, esperó allí desde unos minutos antes. Extrañado vio cómo avanzaba el minutado de su reloj de pulsera y decidió bajar a la parada siguiente. Al cruzarse con otro autobús, preguntó al conductor qué ocurría con el 651 A. Fue así cómo se enteró de lo que pasaba y remarca, con un claro énfasis de enfado: “La empresa no fue capaz de avisar a los viajeros de la cancelación ¡ni con un cartel en las paradas!”

El caso de Maricruz es similar. “Mis hijos van al colegio en Pozuelo y, ahora, sin autobús, tienen que andar un kilómetro y medio hasta otra parada. Y en invierno, llueva, truene o nieve, imagínate…”. Precisamente Maricruz es una de las personas que más se está movilizando y expresando su indignación a través de reclamaciones y quejas a la empresa y al Consistorio. También lo ha hablado con los establecimientos de la Avenida Victoria y los vecinos y vecinas están intentando organizarse para llevar a cabo una recogida de firmas como protesta. “Es que no tenemos cómo subir o bajar a Madrid”.

Interponer reclamaciones

En la otra cara de la moneda, el Consistorio Regional de Transportes perteneciente a la Comunidad de Madrid y la empresa privada de autobuses Llorente. El primero es quien regula y vela por el servicio a los viajeros, ordenando qué líneas se mantienen y cuáles no. Una de las personas que atienden al ciudadano telefónicamente, confirma que el autobús 651 A se ha suprimido, y las razones: “Porque no hay dinero, ya está, y no hay suficiente gente para mantener todos los autobuses como estaba antes; entonces, se ha tenido que recortar la línea”. Por su parte, la empresa privada Llorente: “Los motivos [de la supresión], supongo que, es dirección quien los sabe, pero a nosotros nos dan unos datos y punto; esa línea deja de funcionar y no nos da más explicaciones”, cuenta una de las personas que atienden al otro lado del teléfono. Informa además de que “por la Avenida Victoria ahora mismo, no pasa ningún coche nuestro”, es decir, queda incomunicada en los tres kilómetros que la componen.

Eso sí, ambas entidades mencionan la posibilidad de interponer reclamaciones al respecto. Al menos, de este modo, consta el malestar, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como es el caso de los colegios o las residencias de mayores de la zona que se ven afectados. De momento, aunque parece que cumple más la función de desahogo que de vía para recuperar un servicio, la reclamación por escrito es el cauce que estos vecinos y vecinas van a seguir utilizando hasta transmitir la alteración que les ha ocasionado en sus vidas el hecho de que el 651 A —como otros antes— deje de llevarles y traerles.

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Texto y fotos de Julia GAS / PÚBLICO.ES

Mani IVIMA_JuliaGAS_Los vecinos de los once municipios afectados de las Comunidad de Madrid se organizan contra la modificación de sus condiciones contractuales

“Indignado, humillado, estafado, apaleado, escupido y mordido”. Así dice sentirse Antonio, un hombre de mediana edad y vecino de La Ventilla. Afortunadamente su piso no es uno de los 157 que se han vendido en este barrio, pero se solidariza con el resto de inquilinos de las 3.000 viviendas de la Comunidad de Madrid que han pasado a empresas privadas. Como él, centenares de personas se están organizando a través de las asociaciones de vecinos y de la Plataforma de Afectadxs por la Vivienda Pública y Social de Madrid (PAVPS) para salir a las calles y actuar desde el poder judicial como colectivo.

Todo comenzó el 9 de agosto cuando se formalizó la venta de 2.965 viviendas del Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima), repartidas en once municipios, al fondo de inversión norteamericano Goldman Sachs y a la española Azora por 201 millones de euros. El primero “aportará la mayor parte de la inversión a través de su filial inmobiliaria Whitehall”, y la segunda, “además de coinvertir minoritariamente, se ocupará de realizar la gestión de las viviendas”, tal y como anuncia esta última en su página web. Sin embargo, los inquilinos no supieron que sus casas habían cambiado de propietario hasta el mes de octubre, cuando los nuevos dueños se lo comunicaron por carta. Por su parte, el Ivima ha asegurado que los recientes caseros “mantendrán el mismo alquiler y [los inquilinos] podrán ejercer el derecho a compra al precio que ya conocen”; no obstante, el sentimiento de estafa comienza cuando calculan que la administración ha vendido cada vivienda por 67.000 euros, y el precio medio que van a pagar es de 140.000.

Los pisos de protección pública se pensaron con un objetivo social, pues se destinan a un perfil de personas y familias en situación de vulnerabilidad como son los jóvenes, mayores o con discapacidad, familias monoparentales, víctimas de violencia de género o inmigrantes, con ingresos que no superen en 5’5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, establecido desde 2010 en 532,51 euros mensuales. No obstante, esta función social empieza a desvirtuarse cuando en “el año 2008 la empresa municipal de vivienda y suelo (EMVS) entró en quiebra, y escasos meses antes había entrado el Ivima. Lo que quieren es quitarse todo el capital inmobiliario posible”, asegura María José Vicente, abogada de la PAVPS, quien entiende, también, que este proceso se ha realizado de una manera “totalmente oscurantista”.

Una de las protestas que más se oye entre los afectados y no afectados es que ha sido una venta con pérdidas patrimoniales. ¿Para qué tanta prisa? La única razón que parece justificar la venta de pisos a ese precio es la falta de liquidez: “La administración lo que está diciendo es que en este momento no hay un capital monetario que pueda seguir garantizando el parque inmobiliario social, con lo cual se da una enajenación donde hay un cambio de titularidad y en la que ellos garantizan que la gestión va a seguir siendo la misma”, aclara la abogada. Por su parte, la Administración resalta en sus comunicados que el dinero ingresado en las arcas públicas irá exclusivamente destinado a “políticas sociales”.

Independientemente de lo dicho por el ente público, esa pérdida de patrimonio -a la que no hace referencia- la explica Mariano Martín, vecino de La Ventilla e inquilino, ahora, de Encasa-Cibeles. Él lleva siete años de arrendamiento con opción a compra en un piso tasado en 70.000 euros, y por el que los fondos de inversión han pagado unos 67.000. En enero debe decidir si quiere adquirir su piso; en ese caso, a la cantidad de las escrituras tendría que aplicar el Coeficiente de Actualización (1’5 según el Plan de Vivienda 2009-2012), “más los impuestos y descontando el 50% de las cuotas ya pagadas en el alquiler, serían 90.000 ó 100.000 euros, algo que, aunque no lo consideramos un precio muy social, sería asumible para muchos de nosotros”.

Sin embargo, “Encasa-Cibeles mantiene que dicho Coeficiente es un 2, de ahí que 70.000 por 2 salgan los 140.000 euros que dicen que cuesta”, aclara. Además, en estos años de alquiler con el Ivima ha pagado un 4% de IVA por tratarse de una vivienda de protección oficial de nueva construcción; pero ahora su edificio ha pasado a ser vivienda de segunda mano, por lo que, tanto Mariano como el resto de habitantes de las viviendas vendidas, tendrán que añadir un 7% de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. “¡Negocio redondo!”, entienden los vecinos en su comunicado de posicionamiento, pues los fondos de inversión están pidiendo más del doble de lo que han pagado por viviendas de menos de 50 metros cuadrados, que se construyeron para cumplir una función social y con dinero público. De este modo, consideran que se está incumpliendo el artículo 47 de la Constitución referido al derecho a disfrutar de una vivienda digna donde los poderes públicos “promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

“Busco en la basura para
alimentar a mis hijos; es la realidad y no me voy a escapar de ella”

Miriam y Tamara representan hogares afectados. Miriam tiene familia numerosa, procede de Ceuta y es inquilina en Valdecarros: “Estoy cobrando 426 euros de renta mínima y busco en la basura para alimentar a mis hijos; es la realidad y no me voy a escapar de ella”. Tamara, por su parte, cuando habla de su situación rompe en lágrimas por la impotencia y la incertidumbre que siente: “Estoy con una depresión muy grande y no hago más que llorar”. Vecina del Ensache de Vallecas, madre de cuatro niños de tres a once años, gestora de su hogar con 500 euros de renta mínima y esposa de un hombre en paro.

Tamara y su familia pagan 51 euros al mes por ser beneficiarios hasta 2015 de las ayudas al alquiler pero, con la venta de los pisos de protección pública a las empresas privadas, al vencer la fecha de fin de contrato “las subvenciones desaparecen por no estar vinculada la vivienda con el Ivima, y el problema que tenemos es que la gente todavía no se lo cree”, denuncia Mariano, tocayo y vecino indignado del anterior, y lo ratifica la abogada María José Vicente: “Una vez que se termine el plazo, estas viviendas pasan a formar parte de la ley de alquileres del mercado libre. La administración no puede hacer nada, se ha lavado las manos en la enajenación”. En consecuencia, se vislumbra que la dependencia de las subvenciones, ahora mismo, es total: “Estamos haciendo virguerías para que coman los niños y, encima, juegan con el techo”, declara la joven madre.

Por su parte, Mariano apuesta por que sólo hay dos maneras de paralizarlo: “O que no ganen las siguientes elecciones o pararlo en la calle” gracias al tejido social que se está creando entre asociaciones de vecinos de los diferentes distritos y “los partidos políticos que nos quieran echar una mano”, propone.

Asimismo, no han dudado en presentarse ante la Justicia, por ello se centran en un recurso contencioso administrativo y en un procedimiento penal, que todavía están ideando. Incluso están acudiendo más allá de las fronteras: “Hemos ido al defensor del pueblo europeo y estamos con el Parlamento, aprovechando que hay directivas comunitarias que dicen que lo que se está haciendo con la vivienda social y pública en este país es nulo de pleno derecho”, señala Vicente.

Sabiendo que este proceso judicial puede tardar “unos cinco años”, tienen como misión “pedir la paralización temporal en vista a que haya una resolución definitiva”, sentencia la abogada, porque es muy crítica “la situación de muchas más familias que se pueden ver literalmente en la calle por no poder afrontar el pago del alquiler”, termina Mariano Martín. En este sentido, para concluir, se puede aludir al ensayo de F. Engels, titulado Contribución al problema de la vivienda, datado en 1872, e invitar al lector a la reflexión: “La industria de la construcción encuentra en la edificación de casas de alquiler elevado un campo de especulación infinitamente más favorable, y solamente por excepción construye casas para obreros” […]. Lo cierto, sin embargo, es que ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar en seguida, si se les diese un empleo racional, toda verdadera penuria de la vivienda“.

El pasado miércoles tuvo lugar la rueda de prensa que anunciaba el próximo Festival Internacional de Cine en los campos de refugiados de Dajla, en el Sahara Occidental. En ella participaron personajes públicos relacionados con el mundo del cine y la televisión, y representantes saharauis.

Comenzando a leer la fotDSCF2156 con firma2o de derecha a izquierda, Jadiyetu Mohtar, representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. A continuación, Abdula Arabi, delegado del Frente Polisario para Madrid. A su derecha se sentaron las artistas Pilar Bardem, junto a José Taboada (presidente de CEAS-Sahara y co-director de FISAHARA), Melani Olivares y Ana Wagener.

Del 8 al 13 de octubre la luz de las estrellas del firmamento, que asistirán a cada pase desde una localidad privilegiada, tendrán que competir con el brillo de los y las artistas procedentes de diferentes partes del planeta.

Esta edición del FISAHARA vuelve a dirigir los focos, por décimo año consecutivo, hacia la entrega traicionera y el abandono desleal al pueblo saharaui que protagonizó el Estado español, empujándolo a Marruecos, hace treinta y ocho años. Como dijo Taboada en la rueda de prensa: “España vendió a los saharauis. Seguimos exigiendo: ¡Basta ya! Son cuarenta años de sufrimiento de un pueblo”.

Dejada también en el olvido de la comunidad internacional, a pesar de misiones como la MINURSO, de las Naciones Unidas, la causa saharaui es una batalla por la dignidad de un pueblo, por la autodeterminación, por la libertad de seres humanos a los que han ninguneado desde el poder occidental. Una batalla pacífica, cuya principal arma ha sido difundir su causa, denunciar los ataques y torturas marroquíes, y gritar la necesidad de referéndum, aceptado por la ONU pero nunca llevado a cabo. En palabras de Jadiyetu Mohtar, activista además de periodista y profesora, “la razón de la brutalidad y la fuerza no lleva a ningún lado”. Asimismo, destaca y reconoce que “las mujeres saharauis no tenemos primavera; ¡llevamos 38 primaveras!”.

DSCF2161 con firmaEn un segundo plano del conflicto, sí, están las películas y cortos que se proyectarán en la noche, y que harán especial hincapié en los derechos humanos, las revueltas árabes y la importancia de las luchas de las  mujeres saharauis.

Un año más, se emitirán los cortos realizados en la escuela de formación audiovisual Abidin Kaid Saleh. Los títulos que se verán son: Patria dividida; Aquel día; Mujeres saharauis bajo la represión marroquí y El legado el mártir.

Otras películas de temática saharaui: The runner; Separated; La Badil; Time out; y El retorno al Sahara Occidental.

Cine de Jaima: Western Sahara; El Espectáculo; e Imagina dormir en casa.

Películas del mundo árabe: La fuente de las mujeres; Wadida- La bicicleta verde; Cinco cámaras rotas; The suffering grasses; y My makhzen & me.

Los pases especiales son: Girl rising; La semilla de la verdad; Podrías ser tú; Señor G; Zaytoun, el pequeño refugiado; y Mares de risa barcos de piedra.

Películas para todos los públicos: Lo imposible; La vida de Pi; Asterix y Obélix al servicio de su majestad; Oz, un mundo de fantasía; Sigo siendo Kachkaniraqmi; y Sobukwe: un gran espíritu.

El pueblo saharaui no está solo y debemos demostrárselo escribiendo, hablando, contando el conflicto y señalando claramente que el Estado  español es culpable; es, con el beneplácito de la comunidad internacional, responsable de que haya familias divididas, presos políticos torturados, hijos separados de sus padres y madres, hermanos y vecinos con las mismas raíces a cada lado del muro. No podemos hacer oídos sordos a esta causa si realmente tenemos un sentido de justicia y moral. Por ello, gracias a acciones como este certamen de cine, y a la labor de decenas de asociaciones solidarizadas con el pueblo saharaui, el mensaje de ansia de libertad arrebatada vuelve a visibilizarse, vuelve a irrumpir nuestro cotidiano. ¡POR UN SAHARA LIBRE! ¡VIVA EL SAHARA LIBRE!

“En el desarrollo de la educación hay dos conceptos que rivalizan: uno es adoctrinar y el otro liberar; según Noam Chomsky. “El propósito del adoctrinamiento es que los jóvenes sigan órdenes y acepten estructuras
existentes sin cuestionarlas.” El objetivo de la segunda, con sus raíces en la Ilustración, “es ayudar a las personas a aprender por sí mismas.”

Este es el principio del reportaje sobre educación emancipadora. Puedes leer la versión editada en Crónica Popular, o el original decargándote el PDF.

Éste es el titular del reportaje publicado en Diagonal sobre Trayvon Martin, un adolescente de 17 años afroamericano que fue asesinado por el vigilante voluntario de un vecindario de Standford, Florida. Este asesinato con sesgo racista en EEUU ha originado un movimiento popular por los derechos civiles y cuestionar la ley de tenencia de armas y el “dispara primero”.

Descarga el PDF

El Gobierno de Esperanza Aguirre lleva meses intentando privatizar indirectamente la justicia gratuita, es decir, la ofrecida por lxs abogadxs de oficio a aquellas personas que alegan no tener recursos suficientes. Los letrados llevan desde principios de año defendiendo su profesión a pesar de cobrar con más de un año de retraso y ver el aumento de la precarización de su labor.

Pincha aquí para ver el reportaje publicado en Diagonal 147.

La memoria contra la Impunidad

Publicado: 12/03/2011 en Reportajes

Esta nueva entrada presenta la Plataforma Contra la Impunidad del Franquismo. Víctimas y familiares de víctimas de la dictadura se concentran todos los jueves en la Puerta del Sol de Madrid para denunciar la impunidad con la que, aún hoy en día, cuentan los actos cometidos durante el régimen de Franco. Esta Platafomorma nació a raíz del procesamiento del juez Baltasar Garzón.

Pincha en la imagen para acceder al reportaje, publicado en Diagonal.

Partícula Política ha tenido el honor de entrevistar al presidente del Observatorio de los Recursos Naturales del Sahara Occidental (WSRW, son sus siglas en inglés). Él es Javier García Lachica.  Una entrevista muy interesante y crítica que te invitamos a escuchar para conocer más de cerca el conflicto del Sahara y el expolio que está sufriendo su población.

Pincha en este enlace. Irás al podcast para escuchar la entrevista dividida en tres partes

Pero antes…

Contexto histórico-político del Sahara Occidental, por Javier Pérez Martínez
El Sahara Occidental es un territorio de África situado en el extremo occidental del desierto del Sahara, a orillas del océano Atlántico. Se ha estimado que la población que existe supera las 250.000 personas. La lengua que habla el pueblo saharaui se llama hassanía, un dialecto del árabe. Es la única colonia del continente africano.

En la Conferencia de Berlín 1884-1885 España reclama la región entre Cabo Bojadur y Cabo Blanco. Los españoles se establecen en Villa Cisneros (Dakhla) firmando un tratado de protectorado con los saharauis.

La historia de este país africano tiene un punto de inflexión cuando, en 1949, el geólogo español Manuel Alia Medina descubre en Bucrá el yacimiento de fosfato más rico del mundo. Este descubrimiento significa la amenaza al control de la explotación de este mineral por Estados Unidos que, hasta entonces, era dueño del monopolio del fosfato marroquí. Estos intereses explican el apoyo estadounidense a las posteriores posturas imperialistas de Hassan II.

A finales de los años 50, después de su independencia y de la guerra Sahara-ifni con España; Marruecos reivindica el territorio del Sahara Occidental. Del mismo modo lo hará una década más tarde Mauritania.

El comité de descolonización de Naciones Unidas pasó a estudiar el caso del Sahara Occidental. El 1 de enero de 1958 España convierte esos territorios en provincias españolas: Río de Oro al sur y Saguia al Hamra al norte. Dos años después, Naciones Unidas declara el derecho a la autodeterminación y a la independencia de los colonizadores.

Comienza una agitación nacionalista en el Sahara Occidental. En 1968 se crea una organización de vanguardia por la liberación de Saguia al Hamra y Rio de Oro liderado por Sidi Brahim Basir. Preconizador de un nacionalismo, y defensor de la identidad nacional de las tribus nómadas de aquel territorio. En 1967 la ONU recomendó la descolonización del territorio, y más tarde lo señala como territorio no autónomo en periodo de descolonización.

En el año 70 la fuerza colonial en El Aaiun reprime un brote nacionalista; termina con 40 muertos, cientos de detenidos y la desaparición para siempre de Brahim Basir. En 1973, la Yemaá (Asamblea saharaui) dirige una carta a Franco en la que declara que sólo el pueblo saharaui tiene derecho a dirigir su fututo. Ese mismo año se crea el Frente Polisario (Frente Popular para la Liberación del Sahara) que comienza la lucha armada contra España.

En 1974 España anuncia la realización de un referéndum para el Sahara. Naciones Unidas frena el proceso para la autodeterminación a petición de Marruecos y consulta al Tribunal de internacional de justicia de la Haya sobre la pretensión de soberanía Marroquí en el Sahara. Ya en el año 1975, el Gobierno español anuncia su decisión de abandonar la colonia. Se reúnen en Argelia El-Uali (secretario general del Frente Polisario) y el ministro de asuntos exteriores español, Cortina Mauri. Finalmente, el dictamen del Tribunal de la Haya condenaba las pretensiones de soberanía de Marruecos y Mauritania. Es entonces cuando el rey Hasan II de Marruecos organiza la Marcha Verde.

El 6 de noviembre de 1975, ante la posibilidad de la realización de un referéndum de autodeterminación, se lanza esa estrategia de ocupación, que consistió en enviar 350.000 civiles y 25.000 militares al territorio del Sahara con intención de presionar a España. La marcha no tiene éxito hasta una semana después, que se retiran las tropas españolas por la firma el 14 de noviembre de 1975 de los Acuerdos Tripartitos de Madrid. En estos Acuerdos, el Estado español como potencia administradora, transfirió los territorios a una administración temporal tripartita: Marruecos, Mauritania y la Yemaá. A pesar de este traspaso, dichos acuerdos se presentan sin ninguna validez pues Naciones Unidas continua reconociendo al Estado español como potencia administradora.

El 26 de febrero de 1976, el Estado español lleva a cabo la Operación Golondrina poniendo así fin a su presencia en el Sahara. Un día después, el 27, se proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y, a día de hoy, son más de 80 países los que la reconocen.

Tres años después, la vecina Mauritania se retira del conflicto al firmar un tratado con el Frente Polisario. En 1980 Marruecos inicia la construcción del MURO (de la vergüenza) que ya sobrepasa los 2.700 km; una construcción asesorada y financiada por potencias occidentales que ahora protegen miles de minas antipersona y cien mil soldados.

Ocho años después, la Organización para la Unidad Africana (OUA) propone junto a la ONU celebrar un referéndum con el censo español de 1974 donde los saharauis deberán elegir entre la independencia o la integración en Marruecos. En 1992 se aplazó.

En 2005 comienza la intifada en las ciudades ocupadas del Sahara Occidental. Más tarde, el Frente Polisario libera a los últimos presos de guerra marroquíes, sin embargo Marruecos incrementa la represión contra la población saharaui y, como han demostrado en diferentes Organizaciones No Gubernamentales a día de hoy, Marruecos sigue siendo un país que viola los derechos humanos. Hay que destacar que ningún país reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental.

El pueblo saharaui lleva dividido más de treinta y cinco años entre los territorios ocupados y los campamentos de refugiados cerca Tindouf (Argelia); otros dieciocho lleva esperando el referéndum de autodeterminación. Los sucesivos gobiernos españoles le han abandonado a su suerte, y en consecuencia, el Estado español sigue rehuyendo su responsabilidad como potencia administradora, además de legitimar con acuerdos bilaterales la ocupación marroquí.

La Justicia aplica un síndrome acientífico para despojar a madres de la custodia de sus hijos. Estas mujeres, víctimas de violencia de género, son acusadas del lavar el cerebro de los menores contra su progenitor.

La Asociación de Estudios Históricos de la Mujer (AEHM) junto con la Universidad de Málaga ha recompensado a la versión corta de este reportaje (publicado en el número 140 del periódico Diagonal) con el accésit del Premio Carmen de Burgos

Pincha en la imagen para descargar el reportaje en PDF:

Os facilitamos la entrevista que le realizamos en el mes de octubre a Carmen Roger, activista de SaharAcciones que fue apaleada en Marruecos.