Archivos para enero, 2014

BOE_Regulación de donacionesHace unos días, Sanidad publicó en el Boletín Oficial del Estado una norma que establece que será la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dirigida por el señor Matesanz, quien dará autorización para que se lleven a cabo campañas de sensibilización para la captación de células, tejidos y órganos. De este modos, iniciativas como, por ejemplo, búsquedas de donantes de médula para personas concretas no podrán realizarse sin la autorización de la autoridad pertinente en cada comunidad autónoma, y, encaso de que se tenga intención de expandir la convocatoria a nivel estatal, será preciso que la ONT dé el sí.

Te invito a que leas la normativa del BOE, a la que puedes acceder pinchando en la imagen.

También quiero compartir, antes de dar mi opinión, el artículo de Juan Ramón Lucas, publicado en InfoLIbre pues ha sido el que me ha dado pie para escribir sobre el tema.

Como el columnista, tampoco yo tengo datos de la eficacia de las campañas de donación de células, órganos y tejidos que se hacen para personas concretas, pero sin duda estas campañas remueven conciencias y consiguen que la personas sanas nos planteemos si realmente nuestro cuerpo y organismo nos pertenecen sólo a nosotros o si tenemos el deber moral de compartirlo por formar parte del género humano. A mí desde luego no me cabe duda.

Con esta iniciativa de control, ¿hasta que punto están controlando nuestra libertad de expresar la desesperación y los miedos por conseguir un donante de médula para nuestra hija? ¿Qué no es capaz de hacer un/a padre/madre por su hijo/a, o por un hermano/a, o por un vecino/a? Creo que en lugar de supervisar las iniciativas individuales y particulares, habría que mediar en las de empresas privadas. O acaso, ¿desde Sanidad también van a mediar en las campañas de ONG’s como ACNUR donde cuentan la historia de Mónica que ha tenido que huir como refugiada junto a su madre, al igual Joseph, otro niño de no más de tres años y otras miles de personas, por conflictos bélicos que ellxs no han creado….? Si este tipo de organizaciones multinacionales (que cuentan con un equipo exclusivo de comunicación y publicidad para la creación de este tipo de campañas) utilizan esa técnica de personalizar las historias quizás sea porque han comprobado que son eficaces para conseguir fondos…

¿No será igual de eficaz para concienciar a la donación de médula y otros tejidos?
¿Nuestro cuerpo y organismo, nos pertenecen?

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Texto de Julia GAS / Publicado en EnAravaca.es y en EnPozuelo.es

El pasado 21 de octubre, Llorente, la empresa privada que gestiona los autobuses del área de Pozuelo, Las Rozas, Boadilla, Majadahonda y Villaviciosa, dejó de ofrecer la línea que recorría la Avenida Victoria, por orden del Consistorio Regional de Transportes de Madrid.

La indignación de los vecinos y trabajadores de la zona de El Plantío, Madrid, es palpable. Tanto mayores como jóvenes están muy molestos con esta decisión porque, como asegura Icíar, una trabajadora del centro de mayores Casablanca, “los días que hace bueno, muy bien; pero los días que llueve, fatal”, ya que tiene que andar desde la estación Virgen de Icíar unos 20, 25 minutos. “En tiempo, me supone salir de casa media hora antes”. Además insiste en que nadie de la empresa ha comunicado tal decisión a los pasajeros: “Nos lo comentó tres días antes uno de los conductores”. Recuerda, asimismo, que, a principios de año, también modificaron el recorrido del 650, eliminando su paso por la misma avenida y, por tanto, anulando la parada: “Reclamamos pero no lo pusieron de nuevo. Y ahora ocurre lo mismo con el 651 A, que paraba a cada hora”. En cuanto a las protestas de las personas afectadas, dice tajante: “Mandas la reclamación porque no estás de acuerdo con que quiten el servicio, pero nada”, se lamenta esta joven sin demasiada fe en que escuchen sus demandas.

“Esa línea deja de funcionar y no nos da más explicaciones”

Lo mismo opina otra mujer con un negocio en la misma calle: “Tengo dos opciones: o venirme andando veinte minutos o cogerme otro autobús”. Ella hace referencia a las personas mayores del centro anterior pues, “con el autobús 651 A, podían bajar al centro comercial Sexta Avenida”; y también a los chavales que estudian en Pozuelo y alrededores, que les afecta por igual. “Es que el 651 A es el único autobús que pasa por aquí cuando está el bus vao”, resalta. A esta problemática hay que añadirle los dos euros por billete sencillo de los autobuses que tienen que coger si no quieren o no pueden caminar, pues, a pesar de pertenecer a Madrid, está considerada como zona B1 (como si fuera parte de Pozuelo) y, por lo tanto, el coste es mayor que en la zona A. “¡Eso tampoco tiene sentido!”, exclama. Muchas de las personas que suben a trabajar a la zona de El Plantío toman el autobús en el intercambiador de Moncloa. Allí estaba Casilda, trabajadora del hogar y de uno de los centros de mayores de la zona: “A mí me ha afectado muchísimo. El trayecto desde aquí hasta el geriátrico donde trabajo antes me llevaba veinte minutos y, ahora, con la eliminación de la línea, tardo una hora; ya no me da tiempo a regresar a Madrid para seguir trabajando en otras casas”.

Otro testimonio de cómo ha irrumpido este cambio en la vida de los vecinos es el de Miguel, un octogenario; cuenta que el mismo día que dejó de transitar dicho autobús, tenía una revisión importante en el hospital. Sabedor de la hora a la que solía llegar a la parada, esperó allí desde unos minutos antes. Extrañado vio cómo avanzaba el minutado de su reloj de pulsera y decidió bajar a la parada siguiente. Al cruzarse con otro autobús, preguntó al conductor qué ocurría con el 651 A. Fue así cómo se enteró de lo que pasaba y remarca, con un claro énfasis de enfado: “La empresa no fue capaz de avisar a los viajeros de la cancelación ¡ni con un cartel en las paradas!”

El caso de Maricruz es similar. “Mis hijos van al colegio en Pozuelo y, ahora, sin autobús, tienen que andar un kilómetro y medio hasta otra parada. Y en invierno, llueva, truene o nieve, imagínate…”. Precisamente Maricruz es una de las personas que más se está movilizando y expresando su indignación a través de reclamaciones y quejas a la empresa y al Consistorio. También lo ha hablado con los establecimientos de la Avenida Victoria y los vecinos y vecinas están intentando organizarse para llevar a cabo una recogida de firmas como protesta. “Es que no tenemos cómo subir o bajar a Madrid”.

Interponer reclamaciones

En la otra cara de la moneda, el Consistorio Regional de Transportes perteneciente a la Comunidad de Madrid y la empresa privada de autobuses Llorente. El primero es quien regula y vela por el servicio a los viajeros, ordenando qué líneas se mantienen y cuáles no. Una de las personas que atienden al ciudadano telefónicamente, confirma que el autobús 651 A se ha suprimido, y las razones: “Porque no hay dinero, ya está, y no hay suficiente gente para mantener todos los autobuses como estaba antes; entonces, se ha tenido que recortar la línea”. Por su parte, la empresa privada Llorente: “Los motivos [de la supresión], supongo que, es dirección quien los sabe, pero a nosotros nos dan unos datos y punto; esa línea deja de funcionar y no nos da más explicaciones”, cuenta una de las personas que atienden al otro lado del teléfono. Informa además de que “por la Avenida Victoria ahora mismo, no pasa ningún coche nuestro”, es decir, queda incomunicada en los tres kilómetros que la componen.

Eso sí, ambas entidades mencionan la posibilidad de interponer reclamaciones al respecto. Al menos, de este modo, consta el malestar, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como es el caso de los colegios o las residencias de mayores de la zona que se ven afectados. De momento, aunque parece que cumple más la función de desahogo que de vía para recuperar un servicio, la reclamación por escrito es el cauce que estos vecinos y vecinas van a seguir utilizando hasta transmitir la alteración que les ha ocasionado en sus vidas el hecho de que el 651 A —como otros antes— deje de llevarles y traerles.

Texto y fotos de Julia GAS / PÚBLICO.ES

Mani IVIMA_JuliaGAS_Los vecinos de los once municipios afectados de las Comunidad de Madrid se organizan contra la modificación de sus condiciones contractuales

“Indignado, humillado, estafado, apaleado, escupido y mordido”. Así dice sentirse Antonio, un hombre de mediana edad y vecino de La Ventilla. Afortunadamente su piso no es uno de los 157 que se han vendido en este barrio, pero se solidariza con el resto de inquilinos de las 3.000 viviendas de la Comunidad de Madrid que han pasado a empresas privadas. Como él, centenares de personas se están organizando a través de las asociaciones de vecinos y de la Plataforma de Afectadxs por la Vivienda Pública y Social de Madrid (PAVPS) para salir a las calles y actuar desde el poder judicial como colectivo.

Todo comenzó el 9 de agosto cuando se formalizó la venta de 2.965 viviendas del Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima), repartidas en once municipios, al fondo de inversión norteamericano Goldman Sachs y a la española Azora por 201 millones de euros. El primero “aportará la mayor parte de la inversión a través de su filial inmobiliaria Whitehall”, y la segunda, “además de coinvertir minoritariamente, se ocupará de realizar la gestión de las viviendas”, tal y como anuncia esta última en su página web. Sin embargo, los inquilinos no supieron que sus casas habían cambiado de propietario hasta el mes de octubre, cuando los nuevos dueños se lo comunicaron por carta. Por su parte, el Ivima ha asegurado que los recientes caseros “mantendrán el mismo alquiler y [los inquilinos] podrán ejercer el derecho a compra al precio que ya conocen”; no obstante, el sentimiento de estafa comienza cuando calculan que la administración ha vendido cada vivienda por 67.000 euros, y el precio medio que van a pagar es de 140.000.

Los pisos de protección pública se pensaron con un objetivo social, pues se destinan a un perfil de personas y familias en situación de vulnerabilidad como son los jóvenes, mayores o con discapacidad, familias monoparentales, víctimas de violencia de género o inmigrantes, con ingresos que no superen en 5’5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, establecido desde 2010 en 532,51 euros mensuales. No obstante, esta función social empieza a desvirtuarse cuando en “el año 2008 la empresa municipal de vivienda y suelo (EMVS) entró en quiebra, y escasos meses antes había entrado el Ivima. Lo que quieren es quitarse todo el capital inmobiliario posible”, asegura María José Vicente, abogada de la PAVPS, quien entiende, también, que este proceso se ha realizado de una manera “totalmente oscurantista”.

Una de las protestas que más se oye entre los afectados y no afectados es que ha sido una venta con pérdidas patrimoniales. ¿Para qué tanta prisa? La única razón que parece justificar la venta de pisos a ese precio es la falta de liquidez: “La administración lo que está diciendo es que en este momento no hay un capital monetario que pueda seguir garantizando el parque inmobiliario social, con lo cual se da una enajenación donde hay un cambio de titularidad y en la que ellos garantizan que la gestión va a seguir siendo la misma”, aclara la abogada. Por su parte, la Administración resalta en sus comunicados que el dinero ingresado en las arcas públicas irá exclusivamente destinado a “políticas sociales”.

Independientemente de lo dicho por el ente público, esa pérdida de patrimonio -a la que no hace referencia- la explica Mariano Martín, vecino de La Ventilla e inquilino, ahora, de Encasa-Cibeles. Él lleva siete años de arrendamiento con opción a compra en un piso tasado en 70.000 euros, y por el que los fondos de inversión han pagado unos 67.000. En enero debe decidir si quiere adquirir su piso; en ese caso, a la cantidad de las escrituras tendría que aplicar el Coeficiente de Actualización (1’5 según el Plan de Vivienda 2009-2012), “más los impuestos y descontando el 50% de las cuotas ya pagadas en el alquiler, serían 90.000 ó 100.000 euros, algo que, aunque no lo consideramos un precio muy social, sería asumible para muchos de nosotros”.

Sin embargo, “Encasa-Cibeles mantiene que dicho Coeficiente es un 2, de ahí que 70.000 por 2 salgan los 140.000 euros que dicen que cuesta”, aclara. Además, en estos años de alquiler con el Ivima ha pagado un 4% de IVA por tratarse de una vivienda de protección oficial de nueva construcción; pero ahora su edificio ha pasado a ser vivienda de segunda mano, por lo que, tanto Mariano como el resto de habitantes de las viviendas vendidas, tendrán que añadir un 7% de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. “¡Negocio redondo!”, entienden los vecinos en su comunicado de posicionamiento, pues los fondos de inversión están pidiendo más del doble de lo que han pagado por viviendas de menos de 50 metros cuadrados, que se construyeron para cumplir una función social y con dinero público. De este modo, consideran que se está incumpliendo el artículo 47 de la Constitución referido al derecho a disfrutar de una vivienda digna donde los poderes públicos “promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

“Busco en la basura para
alimentar a mis hijos; es la realidad y no me voy a escapar de ella”

Miriam y Tamara representan hogares afectados. Miriam tiene familia numerosa, procede de Ceuta y es inquilina en Valdecarros: “Estoy cobrando 426 euros de renta mínima y busco en la basura para alimentar a mis hijos; es la realidad y no me voy a escapar de ella”. Tamara, por su parte, cuando habla de su situación rompe en lágrimas por la impotencia y la incertidumbre que siente: “Estoy con una depresión muy grande y no hago más que llorar”. Vecina del Ensache de Vallecas, madre de cuatro niños de tres a once años, gestora de su hogar con 500 euros de renta mínima y esposa de un hombre en paro.

Tamara y su familia pagan 51 euros al mes por ser beneficiarios hasta 2015 de las ayudas al alquiler pero, con la venta de los pisos de protección pública a las empresas privadas, al vencer la fecha de fin de contrato “las subvenciones desaparecen por no estar vinculada la vivienda con el Ivima, y el problema que tenemos es que la gente todavía no se lo cree”, denuncia Mariano, tocayo y vecino indignado del anterior, y lo ratifica la abogada María José Vicente: “Una vez que se termine el plazo, estas viviendas pasan a formar parte de la ley de alquileres del mercado libre. La administración no puede hacer nada, se ha lavado las manos en la enajenación”. En consecuencia, se vislumbra que la dependencia de las subvenciones, ahora mismo, es total: “Estamos haciendo virguerías para que coman los niños y, encima, juegan con el techo”, declara la joven madre.

Por su parte, Mariano apuesta por que sólo hay dos maneras de paralizarlo: “O que no ganen las siguientes elecciones o pararlo en la calle” gracias al tejido social que se está creando entre asociaciones de vecinos de los diferentes distritos y “los partidos políticos que nos quieran echar una mano”, propone.

Asimismo, no han dudado en presentarse ante la Justicia, por ello se centran en un recurso contencioso administrativo y en un procedimiento penal, que todavía están ideando. Incluso están acudiendo más allá de las fronteras: “Hemos ido al defensor del pueblo europeo y estamos con el Parlamento, aprovechando que hay directivas comunitarias que dicen que lo que se está haciendo con la vivienda social y pública en este país es nulo de pleno derecho”, señala Vicente.

Sabiendo que este proceso judicial puede tardar “unos cinco años”, tienen como misión “pedir la paralización temporal en vista a que haya una resolución definitiva”, sentencia la abogada, porque es muy crítica “la situación de muchas más familias que se pueden ver literalmente en la calle por no poder afrontar el pago del alquiler”, termina Mariano Martín. En este sentido, para concluir, se puede aludir al ensayo de F. Engels, titulado Contribución al problema de la vivienda, datado en 1872, e invitar al lector a la reflexión: “La industria de la construcción encuentra en la edificación de casas de alquiler elevado un campo de especulación infinitamente más favorable, y solamente por excepción construye casas para obreros” […]. Lo cierto, sin embargo, es que ya hoy existen en las grandes ciudades edificios suficientes para remediar en seguida, si se les diese un empleo racional, toda verdadera penuria de la vivienda“.

Queremos compartir el cortometraje que ha realizado Calamar2 sobre la lucha por mantener el servicio de urgencias en las zonas rurales, concretamente se desplazan hasta la comarca de Las Arribes, en Salamanca. Allí recogen las voces de los vecinos y el médico rural.

“Antes que médico, soy vecino”. Luis Rodríguez Herrero, médico en la comarca de Las Arribes (Salamanca).
“La sanidad rural, a pesar de todo, sigue siendo completamente diferente a la sanidad de los grandes núcleos urbanos”.
“Mayoritariamente quien decide ejercer la medicina en los pueblos (…) conoce a los vecinos con nombres, apellidos e incluso con apodos”.